LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 4 / 2015, DE 27 DE ABRIL, DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO.

LA FINALIDAD, EL CONTENIDO Y LA ESTRUCTURA DE LA MENCIONADA LEY. 

En aras de cumplir y satisfacer las exigencias que se van suscitando y planteando en nuestra sociedad, sobre todo en el tema que nos atañe, con respecto a las víctimas de delitos se ha procedido a la elaboración y correspondiente entrada en vigor de la Ley 4 / 2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, que a grandes rasgos, modifica varios preceptos de nuestra legislación, concretamente, modifica el art. 126 del Código Penal, modifica determinados preceptos y añade los arts. 109 bis, 301 bis y 544 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y traspone parcialmente la Directiva Europea 2012/29/UE, de 25 de octubre.

El objetivo claro y manifiesto que se persigue con la Ley objeto de estudio es proporcionar un estatuto jurídico de protección a la víctima sobre la que recae un delito, con el correspondiente daño que ello produce, así como también, dicha Ley persigue una actitud unificadora en tanto en cuanto en ella se recogen el elenco de derechos, procesales y extraprocesales, de los que disfrutaría la víctima del delito.

El Estatuto de la Víctima del Delito tiene la vocación de ser el catálogo general de los derechos, en esa doble dimensión, de todas las víctimas de delitos. No obstante se ha de remisiones a normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad. Es por ello una obligación que, cuando se trate de menores, el interés superior del menor actúe a modo de guía para cualquier medida y decisión que se tome en relación a un menor víctima de un delito durante el proceso penal.

Se parte de un concepto amplio de víctima, por cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya irrogado. Comprende a la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados.

Las actuaciones han de estar siempre orientadas a la persona, lo que exige una evaluación y un trato individualizado de toda víctima, sin perjuicio del trato especializado que exigen ciertos tipos de víctimas. Esto es así porque se prueba a la luz de nuestro Código Penal que existe una gran variedad y complejidad en los distintos delitos que comprende dicho Código, así como también, la multitud de bienes jurídicos que se protegen, por lo que necesaria e irremediablemente, se ha de proceder de forma individualizada con la víctima, y no de forma general a todos los casos.

El reconocimiento, protección y apoyo a la víctima no se limita a los aspectos materiales y a la reparación económica, sino que también se extiende a su dimensión moral.

Por otra parte, el reconocimiento, protección y apoyo a la víctima se otorga atendiendo, a su vez, a las especialidades de las víctimas que no residen habitualmente en nuestro país. Prueba de ello, se observa en el artículo 1 de esta Ley, en cuyo ámbito de aplicación se incluyen a personas nacionales de nuestro Estado, pero también a personas extranjeras que residen legalmente o no en nuestro país, por lo que entraría en juego, una cuestión que no es baladí, a saber, el principio de igualdad, y el derecho de toda persona a ser protegida de forma especial ante el sufrimiento, económico y moral, de un daño como consecuencia de la comisión de un delito tipificado en nuestro Código Penal.

La efectividad de estos derechos hace necesaria la máxima colaboración institucional e implica no sólo a las distintas Administraciones Públicas, al Poder Judicial y a colectivos de profesionales y víctimas, sino también a las personas concretas que, desde su puesto de trabajo, tienen contacto y se relacionan con las víctimas y, en último término, al conjunto de la sociedad. Por ello, es tan necesario dotar a las instituciones de protocolos de actuación y de procedimientos de coordinación y colaboración, como también el fomento de oficinas especializadas, de la formación técnica, inicial y continuada del personal, y de la sensibilización que el trato a la víctima comporta, sin olvidar la participación de asociaciones y colectivos.

Y por último, se podría mencionar la estructura de esta Ley, a modo de visualización rápida y comprensión de todos aquellos aspectos que trata la misma:

– Título Preliminar: se establece el ámbito de aplicación de la norma, el ámbito subjetivo, a saber, cuál son los sujetos protegidos por la norma, y también se enuncian los distintos derechos de los que disfruta la víctima del delito.

– Título I: se analizan pormenorizadamente los distintos derechos que se han enunciado previamente en el Título Preliminar.

– Título II: se establece la participación de la víctima en el proceso penal.

– Título III: se analiza y estudia la protección que le corresponde a la víctima, junto con la exposición de los derechos inherentes a efectos de satisfacer esa protección, haciendo hincapié en materia de medidas de protección de menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

– Título IV: se estructura a su vez en 4 Capítulos:

o Capítulo I: se hace alusión a un organismo vital en este tipo de materia, a saber, la Oficina de Asistencia a las Víctimas, estableciendo su organización y las funciones o competencias que se le confieren.

o Capítulo II: trata de exponer la formación, general y específica, que se ha de llevar a cabo para cualquier operador jurídico, a efectos de que se impulse la formación y sensibilización de los colegiados en los principios de protección de las víctimas contenidos en esta Ley.

o Capítulo III: expone que esta materia tiene que ser objeto de cooperación y buenas prácticas, no solo a nivel nacional, sino también a con carácter supranacional [internacional]. En mi opinión, merece especial hincapié, la alusión que se realiza en torno a la sensibilización, pues es vital desde mi punto de vista a efectos de garantizar y conseguir una buena y perfecta protección de la víctima por la sociedad en conjunto.

o Capítulo IV: manifiesta una cuestión verdaderamente importante, pues habla acerca de la obligación de reembolso, en caso de denuncia falsa o simulación de delito, de tal forma que la persona que incurra en este tipo de conductas, y haya sido beneficiaria de cualquier subvención o ayuda por su condición de ¨víctima¨ tendrá que reembolsar [devolver] la cantidad obtenida más el interés legal del dinero aumentado en un cincuenta por ciento

– Consta de dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, y seis disposiciones finales.

Concluyendo con esta exposición, permítanme exponer mi opinión sobre la entrada en vigor de esta Ley. Dicha Ley, desde mi punto de vista, potenciará más si cabe la protección que precisa una persona que ha sido objeto de daños como consecuencia de la comisión de un delito en su persona, o en sus bienes. Potenciará la protección de víctimas que sean menores de edad, o que tengan capacidades disminuidas que las hacen más vulnerables si cabe a la comisión de delitos. Y por último, un dato que considero relevante, es en torno al ámbito de aplicación de la Ley, pues esgrime en cierto sentido el principio de igualdad, al establecer un criterio igualitario de protección a toda aquella persona que sufra un perjuicio o daño com consecuencia de la comisión de un delito, ya sea esta persona, nacional de nuestro Estado, o siquiera esté legalmente nacionalizada en España, por lo que considero que este es un punto de progreso en nuestra sociedad actual.

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