CATALUÑA: ¿TIENE UN DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN?

En la España actual existe un tema controvertido dónde los haya movido por diferentes intereses. Me refiero a la independencia que está promoviendo Cataluña, de secesionarse del Estado español.

En relación a esta cuestión, diversas son las normas o disposiciones legales aplicables, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Me centraré primeramente en la normativa interna española, concretamente en nuestra Carta Magna (la Constitución), y con posterioridad, enunciaré alguna norma internacional que establece un derecho de autodeterminación, pero siempre y cuando se cumplan una serie de parámetros o requisitos.

Así pues, en base a nuestra Constitución que, como se sabe es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico español, se establece bajo el Título Preliminar, en su artículo 2 la siguiente redacción: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Es más, en aras de cumplir con ese derecho a la autonomía, el artículo 143.1 del mismo cuerpo legal establece que: “En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos”. Este artículo no está haciendo alusión a la posibilidad de formar un Estado nuevo dentro de otro Estado, en esta ocasión, Cataluña dentro de España como Estado unipersonal e independiente de ella, sino que se permite la formación, siempre cumpliendo una serie de requisitos, de nuevas Comunidades Autónomas, pero no de Estados nuevos.

Además, teniendo en cuenta las últimas hazañas llevadas a cabo desde Cataluña, con la realización de consultas populares por vía de referéndum, hay que decir que esta competencia de autorizar dichas consultas sólo y exclusivamente le corresponde al Estado, como así se desprende del artículo 149.1.32ª de la Constitución Española. Algo que desde mi humilde punto de vista no se ha producido, por lo que, se puede denominar contrario a la Constitución y, por ende, inconstitucional.

Así, desde la perspectiva interna conforme a la legislación constitucional, se puede llegar a la conclusión de que el movimiento secesionista o independendista propagado por Cataluña carece de respaldo constitucional y, especialmente desde el ámbito que nos interesa, carece de respaldo jurídico. Ahora bien, cómo se formula esta cuestión desde la perspectiva internacional, a continuación paso a desarrollar dicha cuestión.

Desde nuestra entrada o adhesión en la Unión Europea el 1 de enero de 1986, formamos parte junto al resto de Estados Parte (actualmente somos 28 Estados Parte de la Unión Europea) de un entramado político, social, jurídico, económico… incardinado en un ente con plena personalidad jurídica como lo es la Unión Europea, que nace con el Tratado de Lisboa (se firma en el 2007, pero entró en vigor en diciembre de 2009).

El artículo 93 de la Constitución Española, establece un marco previo hacia el proyecto de integración europea, estableciendo la cesión de competencias que realiza el Estado español a entidades supranacionales como la Unión Europea. Y diciendo lo siguiente: “Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión”.

Según el artículo 96 de nuestra Carta Magna: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. Cuando este precepto establece que formarán parte del ordenamiento interno, está viniendo a decir que los tratados internacionales tienen rango de ley y, por tanto, son de obligado cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico por todos, pero especialmente por los Poderes Públicos.

Teniendo en cuenta estas premisas, entablo la cuestión hacia una perspectiva internacional, tomando como base los arts. 93 y 96 de la Constitución Española esgrimidos anteriormente, y dos textos internacionales relevantes en esta cuestión, a saber, la Declaración 1514 (XV) sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales de 14 de diciembre de 1960 y la Resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Actualmente 193 Estados forman parte de las Naciones Unidas, incluyendo a España que fue admitida el día 14 de diciembre de 1955. Así pues al formar parte de dicha entidad u organización, se compromete a acatar y a cumplir con lo establecido en las resoluciones y declaraciones que dicha organización realice.

En relación al primer texto internacional mencionado, se establece en su punto 6 que: “Todo intento encaminado a quebrantar, total o parcialmente, la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Por tanto, Cataluña no puede quebrantar, por medio de su independencia, la integridad del Estado español.

Y con respecto al segundo texto internacional mencionado: “Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la aplicación del principio de la igualdad soberana de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Carta”.

Sin embargo, también enuncia una premisa clave en la materia que estoy abordando relativa a la independencia de Cataluña, y es que: “Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”. Es decir, estrapolando esta cuestión a nuestro país, ningún pueblo – o Comunidad Autónoma – puede segregarse del Estado español si ello implica quebrantar o menospreciar, de forma total o parcial, la integridad territorial de dicho Estado.

Y según las Disposiciones Generales de dicha Resolución: “los principios de la Carta incorporados en la presente Declaración constituyen principios básicos de Derecho Internacional y, por consiguiente, insta a todos los Estados a que se guíen por estos principios en su comportamiento internacional y a que desarrollen sus relaciones mutuas sobre la base de su estricto cumplimiento”.

Por tanto, es cierto que existe un derecho de autodeterminación pero sólo de aquellos pueblos coloniales que cumplan con una serie de requisitos establecidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Declaración mencionada, en tanto en cuanto, Cataluña no es un pueblo colonial y, por tanto, no cumple con dichos requisitos no es apta para esgrimir un derecho de autodeterminación.

FDO: PEDRO JOSÉ DELGADO LANZAS, Vicepresidente de Bajo la Toga.

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