“LA LEY DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE”

En este artículo voy a centrar mi atención en la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica. Esta regulación se observa en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que ha sido modificada parcialmente en este año, y que va a ser objeto de estudio y análisis a continuación.

En aspectos médicos y sanitarios es de especial importancia y, en ocasiones, de relevancia brutal, el respeto de la dignidad humana, del derecho a la intimidad de cualquier persona reconocido constitucionalmente por el artículo 18.1 de nuestra Carta Magna. Así como también se debe de proteger y reconocer el derecho que ostenta el paciente de autonomía en el consentimiento y voluntad de recibir o desechar cualquier tratamiento, que entre en conflicto con su conciencia.

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El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. Y todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.

Teniendo en cuenta el derecho que tiene el paciente a recibir información previa de la asistencia médica y sanitaria que se le va a proporcionar, el artículo 5.3 de la Ley objeto de estudio, establece que: “cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho”. Incluso, una curiosidad que he podido apreciar es, que el derecho a la información puede verse limitado cuando, el médico deba de actuar sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave.

Con anterioridad he mencionado que el derecho de intimidad del paciente debe quedar intacto e inalterado, es por eso que, se impone un deber de silencio o de confidencialidad a los centros sanitarios de los datos referentes a la salud del paciente, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley.

Y también se ha descrito el respeto a la autonomía del paciente. Este derecho se traduce en varias líneas establecidas en el artículo 8 de la Ley objeto de análisis. Dicho artículo, a grandes rasgos establece que, toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista, haya valorado las opciones propias del caso.

El consentimiento puede ser manifestado verbalmente o por escrito. Y dicho consentimiento puede ser revocado por el paciente en cualquier fase o momento del tratamiento o de la asistencia médica – sanitaria que se le esté proporcionando. El facultativo médico debe de proporcionar al paciente información relativa a las consecuencias que la intervención genera, los riesgos de la misma y las contraindicaciones de dicha intervención, a fin de que no quepa la menor duda al paciente de la intervención que se le va a realizar.

Y por último, me gustaría hacer alusión a lo que se conoce como: “Documento de Voluntades Anticipadas”, “Testamento Vital” o como mencionada la Ley que está siendo objeto de estudio, “Documento de instrucciones previas”. Este documento es de especial importancia, pues por medio de él, “una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas”. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito.

Pedro José Delgado Lanzas, Vicepresidente de Bajo la Toga.

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