ESPAÑA Antiyihadista.

Tras los atentados perpetrados ayer, 13/11/2015 en la ciudad de París, vamos a llevar a cabo un pequeño análisis del pacto antiyihadista firmado el 2 de Febrero de 2015 por el gobierno de España, y el PSOE, pacto que nace en el marco de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 24 de Septiembre de 2014, que animaba a los Estados a llevar a cabo modificaciones legislativas encaminadas a hacer frente a esta nueva manera de hacer terrorismo.

Los españoles somos muy conscientes de la gravedad de un ataque del terrorismo yihadista contra la democracia y las libertades de un Estado de Derecho. Ningún país debe permanecer ajeno ante ésta nueva amenaza que trata de sembrar el caos y el miedo en Europa.

Los demócratas debemos combatir la violencia injustificada e irracional mediante la acción de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, la actuación de Jueces y Tribunales y la cooperación internacional.

Conscientes del peligro que supone una amenaza terrorista, los demócratas debemos enfrentarla con la mayor unidad posible, ejerciendo nuestro derecho a la libertad, que no se vea mermado por el riesgo y el temor que los terroristas quieran generar. Por ello esa confianza es el objetivo prioritario que refuerza la seguridad de los ciudadanos. La defensa de la libertad es la máxima expresión de una sociedad democrática.

Con todo ello, el pacto antiyihadista recoge una serie de medidas encaminadas a una reforma legislativa que nos permita atajar y erradicar cualquier acto del terrorismo yihadista.

En primer lugar, se aboga por la modificación del CP, que recoja la tipificación de los delitos de terrorismo, con independencia de que se realicen o no en el seno de un grupo terrorista, atendiendo a la finalidad con la que se cometen, incluyendo el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista. Así como la captación, el adiestramiento de terroristas  o el uso de redes de comunicación para estos efectos.

En segundo lugar, ratificar lo que ya viene sucediendo en España, estableciendo la máxima pena privativa de libertad, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte.

En tercer lugar, impulsar reformas legislativas que permita a Jueces, Fiscales y Cuerpos de Seguridad tomar medidas que fortalezcan las garantías de los derechos y libertades, así como la eficacia probatoria de las investigaciones frente al terrorismo.

En cuarto lugar, mantener el recuerdo de las víctimas de terrorismo, asegurando en reconocimiento que merecen las víctimas y sus familias.

En quinto lugar, garantizar los recursos humanos y materiales que sean necesarios en la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la prevención , persecución y castigo de estos delitos.

En sexto lugar, poner en marcha políticas activas encaminadas a la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta por racismo, xenofobia o discriminación por creencias o confesiones religiosas.

En séptimo lugar, promover en el marco de la Unión Europea y de las Instituciones Internacionales la adopción de medidas de prevención, persecución, cooperación y sanción contra el terrorismo.

Julia Castro Martos

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