SI LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LO DECIDE: ¿PUEDES QUEDARTE SIN LA PROPIEDAD DE TU DOMICILIO?

Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 el derecho de propiedad ha sido un derecho fundamental, se ha configurado como un derecho cuasi absoluto y sacrosanto.

Así ha quedado plasmado en nuestra Carta Magna, la Constitución Española, en los artículos 33.1 y 33.3. Tales preceptos mencionan que se reconoce el derecho a la propiedad privada, pero con una singularidad tendente a que no es un derecho que permanezca para siempre, pues si existe una causa justificada de utilidad pública o interés social se puede proceder a la expropiación de ese bien o derecho por la Administración Pública, con el correspondiente pago de una indemnización.

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Como queda evidenciado, eres propietario de tu domicilio, pero hasta que no se declare una causa expropiandi, es decir, una utilidad pública o interés social, que haga que la Administración Pública inicie el procedimiento expropiatorio del bien, quedando tu domicilio en su propiedad, a fin de satisfacer con objetividad los intereses generales, siendo este su fin y objetivo principal.

¿Cómo se desarrolla el procedimiento expropiatorio de tu domicilio o de cualquier bien que sea de tu propiedad? Esta exposición se realizará a la luz de la legislación aplicable, concretamente, la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, modificada a 31 de octubre de 2015 (en adelante LEF).

Para que se inicie dicho procedimiento es necesario que concurran cuatro fases:

1- Declaración de utilidad pública o interés social (artículo 9 LEF).
2- Acuerdo de necesidad de ocupación de tu propiedad (artículo 15 LEF).
3- Determinación del pago de la indemnización, o según su denominación administrativa, el justiprecio (artículo 24 LEF).
4- El pago o toma del bien expropiado (artículo 48 LEF).

La Administración Pública enuncia un listado de todos aquellos bienes o derechos indispensables que se van a expropiar, entre ellos no lo olvides, está tu domicilio o propiedad. Dicha relación se publica en los Diarios Oficiales correspondientes y se da información pública a todos los ciudadanos en el plazo de 15 días, notificando individualmente dicha relación a los propietarios afectados, entre los que te encuentras.

¿Qué ocurre a partir de ese momento? Que la actuación de la Administración es unidireccional, es decir, es como si estuviésemos en una rampa de salida, en la que sabemos que tarde o temprano vamos a acabar en lo hondo. Aquí ocurre igual, si la Administración Pública decide expropiarte un bien, no hay “nada” que hacer al respecto, de hecho esto ha ocurrido en múltiples ocasiones como, por ejemplo, a restaurantes que están en territorio susceptible de construcción de una carretera o en viviendas cercanas al cauce fluvial de un río.

Pero, ¿está todo perdido si la Administración, por razones de interés general, decide quitarte o expropiarte tu propiedad? La respuesta ha de ser negativa, pues estamos en un Estado de Derecho, y deben de existir unas garantías para el sujeto que ha sido expropiado o privado de su propiedad.

Como consecuencia de la privación o expropiación de tu domicilio o de tu propiedad, se te debe abonar la determinación de un precio justo que, como regla general, es en metálico. Dicho precio, denominado como justiprecio, en realidad es una indemnización que es de obligada aceptación para los sujetos expropiados, por esa unidireccionalidad con la que cuenta la Administración.

La ley da prioridad al acuerdo entre Administración – sujeto expropiado, pero como regla general, esto no sucede realmente, por lo que, si en el plazo de 15 días no se llega a ese acuerdo, comienza el procedimiento de determinación de la indemnización (justiprecio). Esa determinación surge con una Hoja de Aprecio, en la que el interesado, en este caso tú, en el plazo de 20 días, valoras el bien que te han expropiado, valoración que tienes que saber que es vinculante, por lo que has de valorar motivadamente tu bien, incluso con un perito, que correrá de tu cuenta.

Tu Hoja de Aprecio se traslada a la Administración, quien la acepta o rechaza. Si la acepta se te otorga la indemnización o justiprecio que has solicitado; en caso contrario, realiza ella misma la valoración de tu propiedad en su Hoja de Aprecio y te da un plazo de 10 días para que aceptes o rechaces la indemnización que te da.

Si tú rechazas la indemnización que te otorga la Administración, la determinación del justiprecio la llevará a cabo un órgano administrativo que es el Jurado Provincial de Expropiación, cuyo pronunciamiento es susceptible de recurso contencioso – administrativo, según el artículo 35.2 LEF, siendo los Tribunales los que fijen finalmente el justiprecio o la indemnización que te corresponde, teniéndote que abonar la indemnización la Administración en el plazo de 6 meses.

Pero, ¿qué ocurre en la realidad? Que se procede a la expropiación urgente (artículo 52 LEF). Este procedimiento permite realizar la ocupación de tu bien sin tener que pagarte previamente el justiprecio y sin tener que esperar a que acudas a los Tribunales. Ahora bien, por estas razones de urgencia, cuando sea procedente el pago de la indemnización que te corresponde, se te habrá de abonar también cualesquiera gastos urgentes que se te hayan ocasionado como, por ejemplo, gastos de mudanza, cosechas pendientes (si se te expropia una finca) o cualquier otra análoga.

Por tanto, para concluir hay que decir que tienes un derecho a tu propiedad, pero siempre hasta que no se declare la utilidad pública o el interés social que ponga en movimiento el procedimiento expropiatorio de parte de la Administración para expropiarte tu bien o derecho, sin perjuicio de que se te abone una indemnización más o menos justa por la expropiación de tu bien.

 

Pedro José Delgado Lanzas, Vicepresidente de Bajo la Toga.

 

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