PRESOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Principio 1 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 32/137, de 9 de diciembre de 1988.

Este año cerca 2000 españoles se encontraban privados de libertad en países extranjeros, la mayoría de ellos por trafico de sustancias estupefacientes. Esta cifra ha originado, desde 2010, se luche por la defensa de los derechos del preso, con programas de sensibilización, prevención y atención.

La comisión del delito en territorio extranjero determina el sometimiento a las leyes y tribunales de ese país. De esta manera solo existen instrumentos internacionales, que van a evitar que el condenado cumpla la pena en ese mismo país. Existen algunos países que tienen un Tratado firmado con España para que el condenado sea trasladado y cumpla condena en su país. Todos los tratados tienen una misma estructura, y son ratificados mediante un Sentencia, en la cual se fundamenta los requisito que se deben cumplir para que se pueda hacer efectiva el traslado:

  1. Que el delito por el que se ha condenado sea punible en el estado receptor.
  2. que el condenado sea nacional de ese país
  3. que le reste por cumplir al menos 6 meses de condena.
  4. que esté resuelta la responsabilidad civil o su insolvencia
  5. Que el condenado preste su consentimiento.
  6. que no tenga otros delitos pendientes en el Estado trasladante.

 

El procedimiento comienza con una petición por parte del Estado solicitante. Deberá aprobarse por el triple SI, persona condenada y Estados implicados. (el Ministerio de Justicia será el encargado de hacer meros trámites).

El problema se da en la practica, puesto que no se trata de un derecho reconocido, sino un acuerdo entre las partes, además no está sujeto a plazos, es decir, cuando España pide expedientes y documentos, su envío suele dilatarse en el tiempo, sobre todo, la aceptación del Estado Condenante. Añadir que esta práctica no resultan efectivos cuando se trate de delito grave.

La Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la UE diseña un procedimiento a priori  ágil sobre resolución y ejecución de sentencias en relación a un catálogo de delitos. Pero más del 30% de los presos españoles en el extranjero esta en centros penitenciarios de la UE, algunos, con legislaciones sensiblemente duras en relación al trafico de estupefacientes, como es el caso de Grecia, que posee expedientes confecha de 2002. Esta norma regula la posibilidad de traslado a condenados con penas inferiores a 7 años. Pero lamentablemente esta norma no está resultando agil a la hora de aplicarse, debido a la necesidad de aplicacion a instancia de arte, la complejidad burocrática de algunos territorios y la dificultad de acceso a la justicia por parte del preso. Recoge un procedimiento de plazos y regula, de forma tasada, las posibles causas de denegación requiriéndose una motivación.

En modo de conclusión, aunque la norma este pre
sente este responsabilidad del Estado del cual el preso posee la nacionalidad que actúe y haga efectiva la aplicación de dicha normativa. Todos o casi todos hemos conocido el caso de la mujer de ‘Frank de la Jungla’. Aunque Tailandia es un Estado que ha firmado un Tratado con España, al tratarse de una condena por sustancias estupefacientes hizo que su traslado resultase verdaderamente dificil.

 

Oscar J. Labella

fuente: MORENO. Mº JOSÉ (Responsable de la Asesoría Jurídica de Movimiento por la Paz, MPDL).

 

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