Ley Antidopaje en España

En España, el dopaje está regulado por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, llamada Ley Antidopaje. En marzo de 2011, el gobierno aprobó un proyecto de reforma de la Ley Antidopaje, para adecuarla a los cambios introducidos en 2009 al Código Mundial Antidopaje por la Agencia Mundial Antidopaje.

Desde una perspectiva sistemática, la ley antidopaje pretende trazar una normativa única y horizontal en materia de prevención de la salud de los deportistas en general y de lucha contra el dopaje en las competiciones, sustituyendo a la normativa contra el dopaje en vigor introducida por la Ley del Deporte de 1990. Además, consiste en la mera transposición de las directrices tomadas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a través de su conocido Código Mundial Antidopaje (Código WADA).

Debemos mencionar que se trata de una Ley Orgánica, debido a que en ella se mencionan algunos derechos fundamentales y, por tanto, dicha materia es merecedora de una mayor protección.

La ley mantiene la estructura actual donde el ejercicio de la potestad disciplinaria es atribuida, por delegación y bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes, a las federaciones deportivas. Pero, además, la ley trata de superar las carencias del sistema actual y la ejecución eficaz de las nuevas medidas contempladas mediante la creación de dos organismos:

  1. La Agencia Estatal Antidopaje (AEA). La AEA servirá de órgano de cooperación entre las distintas administraciones públicas con competencias en esta materia y deberá desempeñar un papel esencial en la armonización de las políticas autonómicas…
  2. La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, órgano de tutela del CSD que asumirá las competencias que hasta la fecha ejercían la Comisión Nacional Antidopaje y la Comisión Nacional para la Protección de la Salud y del Deportista. De esta forma, se pretende que esta nueva Comisión asuma no sólo la lucha y represión del dopaje en la alta competición, sino también la protección de la salud de los deportistas no profesionales.

Controles de dopaje.

La ley establece la obligación de los deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal de someterse a los controles que determine la Comisión de Control. Los controles podrán efectuarse dentro y fuera de la competición. En este último caso, podrá realizarse por sorpresa, incluso en horario nocturno, si bien la ley contempla que se deberán establecer por vía reglamentaria las condiciones que garanticen la adecuada protección de los derechos de los deportistas, en especial en cuanto al descanso nocturno.

Los controles también podrán afectar a los deportistas con licencia suspendida y a aquellos que, no habiéndola renovado, se presuma que no han abandonado la práctica deportiva. La negativa a someterse a un control sin justa causa constituirá prueba suficiente a efectos sancionadores, gozando el documento en que conste la negativa, suscrito por el personal sanitario autorizado, de la presunción de veracidad del artículo 137.3 de la Ley 30/1992.

Potestad sancionadora.

En primer lugar, se garantiza el cumplimiento del principio de la reserva de ley, de suerte que las infracciones y sanciones quedan recogidas en una norma de rango legal, evitando remisiones reglamentarias. Además, la ley incorpora al ordenamiento jurídico los principios del Código Mundial Antidopaje y de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO. Se busca así agilizar el procedimiento y evitar que la pasividad de las federaciones redunde en la impunidad o en la indebida dilación. De esta forma, en caso de que la federación responsable no adopte una resolución en un expediente sancionador en el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación fehaciente del resultado, la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje se abocará la competencia para resolver.

El recurso frente a esa decisión, o en su caso, contra la que adopte la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, es sin duda una de las novedades más destacables de la ley. Se configura un recurso único ante una instancia arbitral, presidida por un miembro del Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD), un representante designado por el deportista y otro designado por acuerdo entre el miembro del citado Comité y el deportista interesado. En ausencia de acuerdo, el tercer miembro será el Presidente del Comité Español de Disciplina Deportiva. En aquellos casos en que el recurso se inste por la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, el tribunal arbitral se compondrá por el representante designado por el deportista, el designado por la Comisión y el tercero será un miembro del Comité Español de Disciplina Deportiva. En todo caso, los miembros del panel arbitral deberán ser licenciados en Derecho.

Resulta especialmente novedoso el que los gastos de este procedimiento arbitral deban ser sufragados por las partes que soliciten los respectivos trámites, siendo los gastos comunes sufragados a partes iguales entre las partes. La resolución dictada por el tribunal arbitral agota la vía administrativa, y contra ella cabe recurso contencioso administrativo en única instancia y por el procedimiento abreviado previsto en el artículo 78 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ámbito subjetivo.

Son destinatarios de la ley los deportistas con licencia federativa estatal o licencia autonómica homologada que participen en competiciones organizadas, promovidas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas. A estos deportistas corresponde en primera instancia la responsabilidad por la posible presencia de sustancias prohibidas en su organismo. Pero además, la ley extiende el régimen de control y sanción a aquellas personas y entidades que, sin ser deportistas, asumen una responsabilidad directa en su entrenamiento y actividad. Así, se impone a los clubes, grupos y demás entidades y asociaciones deportivas la obligación de llevar un libro registro de los tratamientos médicos y sanitarios prescritos a los deportistas bajo su dirección, siempre que éstos autoricen dicha inscripción. La ley prevé asimismo la responsabilidad disciplinaria de los profesionales sanitarios que faciliten o prescriban estas sustancias o promuevan el empleo de métodos no reglamentarios o prohibidos en el ámbito del deporte.

Derecho Penal. Sanción.

Otra de las novedades más destacables de la ley es la incorporación, a semejanza de lo que ocurre en las legislaciones de otros países de nuestro entorno (particularmente en Francia e Italia), de un ámbito de tutela penal de la salud pública en actividades relacionadas con el dopaje en el deporte. Para ello se introduce un nuevo artículo 361 bis en el Código Penal, cuya finalidad es castigar al entorno del deportista y preservar la salud pública. “Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo”, o “deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupo farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos”.

Se prevé una pena de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses (hasta 400.000) e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años. Esas penas se agravarán cuando el delito se cometa con menores de edad, cuando se haya empleado engaño o intimidación, o cuando el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional.

En modo de conclusión, me gustaría resaltar el esfuerzo que han hecho los políticos de nuestro país para ponerse de acuerdo y regular dicha materia que nos ocupa, tal es la preocupación que se han visto obligados. Y añadir, que las novedades de esta regulación es la potestad sancionadora con destino al ámbito del deportista, no solo a éste, sino además, a profesionales que faciliten las sustancias o las personas de alrededor que conozcan los hechos. Nos encontramos ante una situación complicada que necesitaba ser tratada para acabar así con la lacra en nuestro deporte.

Oscar J. Labella

fuente:

Ley Orgánica 3/2013, Ley Antidopaje

PABLO GONZÁLEZ-ESPEJO ALBERTO RODRÍGUEZ-MOURULLO OTERO, del Departamento de Comunicación Salud y Derecho Industrial y del Departamento de Derecho Público y Procesal de Uría Menéndez (Madrid).

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