EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES

Ante la oleada de casos en los que un sujeto comete un delito contra la libertad e indemnidad sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente, sobre menores, se precisa de una regulación acorde a dicha tendencia palpable y progresiva que se evidencia hoy día.

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La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 13.5 establece lo siguiente: “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”.

Con anterioridad al día 1 de marzo de 2016, dicha certificación era expedida por el Registro Central de Antecedentes Penales (Disposición Transitoria 4ª de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia). Con posterioridad a esa fecha, el encargado de emitir dicha certificación es el Registro Central de Delincuentes Sexuales, teniendo este su propia regulación, a saber, el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales).

El fin u objetivo que se persigue con la emisión de dicha certificación es acreditar que cualquier sujeto que vaya a entablar relación con un menor debido al desempeño de su profesión, oficio o cualquier otra actividad, quede acreditado de que no está incluido en dicho Registro, lo que implica que no ha sido condenado con anterioridad a su emisión por delitos contra la libertad e indemnidad sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Incluso, los extranjeros que ostenten dichos puestos de trabajo, deberán acreditar que no han sido condenados en sus respectivos países de origen por un delito de este calado.

Dicha certificación puede ser solicitada por los empleadores a fin de realizar procesos de selección de trabajadores, y en la certificación consta todo el perfil genético del sujeto y si ha sido condenado, dentro o fuera de España, por un delito de esa magnitud, pero siempre ha de constar el consentimiento de la persona afectada, pues se estaría vulnerando de no ser así su intimidad, honor y demás derechos análogos. Esto es así, salvo que la certificación se requiera de una entidad pública de protección de menores que quiera observar la situación de un menor con respecto a su tutor, guardador y demás instituciones análogas.

El Registro Central de Delincuentes Sexuales genera un sistema de información, de carácter no público pero gratuito, y su fin, según manifiesta el artículo 3.2 del Real Decreto que lo regula: “es contribuir a la protección de los menores contra la explotación y el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor del delito, mediante el establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores, carecen o no de condenas penales por los delitos a los que se refiere el apartado anterior. Asimismo, el Registro tiene como fin facilitar la investigación y persecución de los delitos a que se refiere el presente real decreto con objeto de proteger a las víctimas menores de edad de la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de otros países, en particular con los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa”.

En definitiva y a modo de conclusión, se puede decir que dicho Registro resulta útil y progresivo en la lucha que existe contra aquellos sujetos que son o han sido autores de un delito contra la libertad e indemnidad sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente, sobre menores. Pues si se ha producido la comisión de un delito de tal calado, se presume que el sujeto autor puede recaer en una conducta sexual sobre un menor. Por tanto, para ostentar y conseguir un puesto de trabajo que exija una relación constante con menores se precisa tener acreditado mediante la certificación abordada en este post una valoración negativa de la comisión de dichos delitos, tanto en España como en territorio extranjero. De tal forma que se busca proteger al máximo a los sujetos pasivos de tales delitos, especialmente, si son menores.

 

Pedro José Delgado Lanzas, Vicepresidente de Bajo la Toga.

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