RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR DAÑOS DE SUS CONTRATISTAS

El art. 214 en su apartado 3º del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se regula un procedimiento especial de responsabilidad por el cual los terceros que hubieran sufrido un daño o perjuicio consecuencia de un contrato suscrito entre la Administración y un contratista, podrán, en virtud del principio de autotutela de la Administración, dentro del año siguiente a la producción del del hecho, requerir previamente al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes le corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.

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Hemos de entender por tanto, que ese requerimiento previo no determina el inicio de la acción de responsabilidad en sí misma, sino la incoación de una pieza previa de determinación en vía administrativa de la persona responsable contra quien posteriormente habrá de dirigirse la acción de responsabilidad, que será civil o administrativa, según sea la Administración o el contratista el responsable. Debemos recordar que es la Administración quien tiene capacidad para impulsar el procedimiento de oficio. Esto quiere decir que aunque sea el interesado quien solicita la responsabilidad patrimonial, dicho procedimiento no dará comienzo hasta que el órgano conocedor admita o deniegue la solicitud.

Existe numerosa jurisprudencia que viene exigiendo de la Administración contratante, una resolución expresa en la que resuelva, en ejercicio del derecho y deber de autotutela;

1. La procedencia de la reclamación,

2. La persona definitivamente responsable y

3. La cuantía indemnizatoria.

De esta manera, cuando la Administración se limite a declinar su responsabilidad en los hechos, sin indicar al perjudicado a cual de los partes contratantes corresponde responder por los daños causados, esta omisión constituirá motivo suficiente para atribuirle la responsabilidad por ellos. Ahora bien, si la Administración actúa con cautela en la mayoría de los casos será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

La resolución que dicte la Administración, asumiendo o no la responsabilidad, es susceptible de recurso en vía Contencioso-Administrativa, tanto por el perjudicado, como por la empresa contratista.

Así, el Reglamento General de Contratación del Estado, en su artículo 134 dispone que: «Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecución de las obras. Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. También será ésta responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de vicios de proyecto.

Oscar J. Labella

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