¿Pueden actualmente declararse ilegales determinados partidos políticos?

Con la dimensión y coyuntura política que ha adquirido el conflicto entre el gobierno Catalán y el Español, nos vemos en la obligación como juristas de hablar de la Constitución y sus Leyes. Pero lo que no pretendemos es abrir un debate sobre la aplicabilidad del art. 155 de la Constitución, que por otro lado se encuentra abierto (incluso ya cerrado) y probablemente se hayan agotado todas las variantes interpretativas del mismo.

Concretamente, hablaremos del art. 6 de la Constitución Española, uno de los cuales da razón de ser a un sistema democrático. En él se establece lo que debemos entender como un “Partido político” en la actualidad, que no será otra cosa que un canalizador de la voluntad popular en un determinado país o territorio. Este artículo encuadra las bases sobre las que debe fundamentarse un partido político, estableciendo de forma expresa entre ellas el respeto a la Constitución y sus leyes.

Desde el más estricto punto de vista constitucional, en la actualidad existen partidos políticos que no respetan la propia Constitución y sus leyes, las cuales por cierto han dado vida y amparado a esos mismos partidos. A las pruebas nos remitimos al hablar de Cataluña y el paradigma político-social en el que está inmersa como consecuencia de las decisiones tomadas por los partidos políticos que la gobiernan. Sin duda esto mismo ya nos daría motivos para pensar si algunos partidos como JuntspelSi o la Cup estarían dentro de aquellos que cumplen con la legalidad al no respetar el art. 6 de la Constitución Española (entre muchos otros que han sido vulnerados).

Pero para no pecar de ambiguos no debemos quedarnos en meras interpretaciones, rozando la superficie de lo que realmente es mucho más profundo. Acudamos pues a la Ley Orgánica que da forma a este art. 6 de la Constitución, la que regula los requisitos y procesos para la correcta y legal formación de partidos políticos, que no es otra que la LO
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. En el art. 9.1 de esta LO ya se establece que la actividad que llevarán a cabo los partidos políticos se desarrollará de conformidad con “las funciones que constitucionalmente se les atribuya de forma democrática”, quedando como es lógico fuera de esta apreciación actos como la celebración de un referéndum no pactado o una declaración unilateral de independencia. Pero en esta ley no solo se establecen los requisitos legales para fundar un partido o el marco dentro del cual deben ejercer su actividad, sino que también se regulan los supuestos en los que pueden ser disueltos o suspendidos judicialmente. Esto nos remite a la lectura del art. 10 de esta LO, concretamente en su apartado 2 a), que establece que se podrá disolver judicialmente un partido cuando incurran en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal.

¿Pueden calificarse los actos llevados a cabo por JuntspelSi o la Cup como conductas enmarcables dentro de los parámetros de asociación ilícita establecidos en el Código Penal?

Analicemos entonces qué entiende el Código Penal por asociación ilícita en su art. 515. Concretamente remitimos al apartado 4º, que establece literalmente que se considerarán como tales “Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad.”

Sin duda es un artículo con muchas interpretaciones, pero parece “acreditable” que se ha intentado fomentar, promover o incitar, por parte de JuntspelSi y/o la Cup, tanto directa como indirectamente, al odio, a la hostilidad y a la discriminación de determinadas personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología y/o creencia. Lo que en estas líneas se comenta puede llegar a ser acreditado a través de todo el material que estos propios políticos han generado mediante sus declaraciones en los distintos medios de comunicación durante los últimos dos meses. Bastaría con una superficial búsqueda para encontrar decenas de argumentos. Sin más podríamos encontrarnos con que los delitos por odio han aumentado drásticamente en Cataluña desde el 1-O, uno de los más destacables sin duda es este en el que un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción cita a 8 profesores catalanes por delitos de odio. Llegados a este punto cabe destacar que el fomento del odio llevado a cabo en estos últimos meses por determinados partidos políticos no ha sido unidireccional, sino que igualmente a promovido una importante aversión por parte de determinados españoles a todo lo que tenga que ver con Cataluña. Incluso es apreciable dentro de Cataluña entre los propios catalanes.

Lo que aquí se plantean son posibilidades enmarcadas en nuestro ordenamiento jurídico, legislado de forma legítima por unos políticos a los que hemos elegido mediante un sistema democrático. Las leyes pueden ser mejores o peores, pueden estar más anticuadas o menos, pero son las que tenemos, y por supuesto no son inalterables, siempre cabe la posibilidad de modificarlas o revocarlas a través de los mismos cauces democráticos por los que adquirieron tal consideración de ley. Puesto que desde un punto de vista jurídico sí que cabría declarar estos partidos políticos ilegales, desde una perspectiva política tal acto tendría unas repercusiones negativas en Cataluña sin precedentes. Y si hoy en día a todo aquel que aplica la ley se le califica de “fascista opresor”, imaginemos por un segundo que ocurriría si determinados partidos políticos son declarados ilegales.

Descripción del autor

D. José Alberto Sánchez Martínez, abogado por el Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca, Master en Derecho Matrimonial, Filiación y Sucesiones, Mediador familiar por el Ministerio de Justicia y especialista en Derecho Civil y Bancario.

 

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