“Protección de datos personales en América Latina y las tendencias actuales” Por Carolina López Medina

América Latina se constituye por una pluralidad de países con realidades sociales, económicas, políticas y culturales diferentes. Uno de los ámbitos en los que dicha diversidad se refleja es en la protección de datos personales, también denominado habeas data o derecho de autodeterminación informativa.

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La mayoría de países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, Honduras, República Dominicana, Panamá, México, Bolivia) reconocen o hacen referencia expresa al habeas data en sus Constituciones y coinciden en considerarlo como un derecho fundamental, como  vienen poniendo de manifiesto en los Encuentros Iberoamericanos sobre Protección de Datos Personales que se celebran anualmente desde el año 2002 (1).

Sin embargo, la problemática radica en que existe en la actualidad una diversidad normativa, tanto general como sectorial, sobre protección de datos. Por un lado, países como Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana y Brasil, tienen su propia legislación general sobre el citado derecho, regulando de forma heterogénea aspectos esenciales como el ámbito de aplicación subjetivo, en el que algunos incluyen a las personas jurídicas; el régimen sancionador o las autoridades de control.

Además, esta regulación general convive con otras normas sectoriales que reglamentan la protección de datos en determinados ámbitos como en el penal, el comercio electrónico o en relación con la transparencia. Señalar que, de los citados países, Brasil ha sido el último en aprobar, en agosto de 2018, su primera regulación general sobre la materia, la Ley 12.709/18, que será plenamente aplicable a partir de febrero de 2020 a cualquier operación de tratamiento que se realice en Brasil, involucre una oferta de productos y/o servicios a usuarios ubicados en Brasil o recopile datos dentro de un territorio brasileño (2).

Por otro lado, encontramos países que siguen careciendo de una legislación general, como Paraguay, Ecuador, Guatemala y Venezuela. Más preocupante es el caso de Cuba, donde no se reconoce la protección de datos, ni el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen, aunque se pueden encontrar referencias en determinados contratos, como los de «servicios de telefonía, por ejemplo, se explicita que el proveedor está obligado a velar por la privacidad» (3).

Aunque el panorama sobre protección de datos en América Latina ha cambiado en las últimas décadas y lo sigue haciendo, pues algunos países tienen proyectos de leyes (Venezuela) o están actualizado sus normativas (4), esta diversidad en la regulación y aplicación del citado derecho genera diferentes niveles de tutela.

Por ello, la tendencia en el sistema latinoamericano debería ir en la búsqueda de una armonización e integración legislativa similar a la llevada a cabo en Europa mediante el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos (RGPD). No se trata de una utopía, la armonización es posible. Recordemos que en el ámbito europeo, antes de la entrada en vigor del citado RGPD, la problemática era la misma. Ahora bien, será importante dejar a los estados un «margen de maniobra» en la aplicación de la normativa en determinados sectores, tal  y como ocurre en el RGPD.

A mayor abundamiento, en el mundo globalizado, interconectado y cada vez más digitalizado en el que vivimos, los avances de las Tecnologías de la Información y de la Telecomunicación, como la inteligencia artificial o el internet de las cosas, suponen un desafío constante y global a la protección de datos. De ahí, que la tendencia tendría que ir más allá, en la búsqueda de un marco jurídico global de protección de la privacidad y en particular, de los datos personales, pues la tutela de este derecho no debería tener diferencias ni fronteras.

Por último, como principales medidas a adoptar o a reforzar en el sistema latinoamericano de protección de datos en la consecución de este objetivo común, se proponen las siguientes:

  • Formación y difusión de información sobre el derecho a la protección de datos personales a los ciudadanos, a las empresas, a las entidades, tanto públicas como privadas.
  • Concienciación social sobre su carácter de fundamental, los derechos de los particulares, los procesos para ejercerlos y las obligaciones legales exigibles a los responsables y/o encargados del tratamiento.
  • Autoridades de control autónomas e independientes, dotadas de los recursos financieros y humanos oportunos para llevar a cabo su cometido de manera eficaz.
  • Cooperación y colaboración entre todos los países para que el respeto y la protección del derecho a la protección de datos sea mundial.

Referencias:

*Carolina López Medina, personal investigador del área de Derecho Constitucional, grupo SEJ 173, «Derechos fundamentales, Andalucía y C.E.E.», en la Universidad de Jaén.

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