Registro de Jornada Laboral en la Administración Local


El pasado 12 de mayo entró en vigor el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

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Cabe destacar la modificación de su artículo 34, donde se estima la obligatoriedad de las empresas a implantar un Registro diario de Jornada Laboral de sus trabadores que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. Todo ello, con el objeto de adoptar medidas de protección social y luchar contra la precariedad laboral.

Se deberán conservar estos registros durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Esta medida permitirá facilitar el conocimiento de las horas reales trabajadas por el empleado y evitar la exigencia de jornadas superiores -o inferiores- a la legal o convencionalmente establecidas, así como constatar las horas extraordinarias.

Ahora bien, como ya sabemos, el Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET), en virtud de su Artículo 1, es de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

En su apartado segundo especifica que  se entiende por empresarios: “todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas.”

Por lo tanto, se excluyen del ámbito regulado por esta ley: “La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias.”

Conforme a este artículo, parece evidente que al personal funcionario no le afecta este Registro de Jornada ya que no le es de aplicación el ET. Pero, ¿qué ocurre con el personal laboral que hay en los Ayuntamientos?

El artículo 1 del Estatuto básico del empleado público -conocido como EBEP- dice que se tiene por objeto el establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. Asimismo, tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Por lo tanto, este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral.

Además, destaco el artículo 7, el cual indica que: “El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.”.

Respecto a la jornada laboral, nos dice su Artículo 51, que el personal laboral se estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente.”

En conclusión, aunque se aplica el EBEP, al personal laboral también le será de aplicación la legislación laboral, siendo la norma referente el Estatuto de los Trabajadores. Y por consiguiente, le será de obligado cumplimiento el someterse a un Registro de Jornada Laboral.

Ahora bien, si ya sabemos que es obligatorio el someterse a este registro diario, ¿Qué medios son los que se pueden utilizar?

El Gobierno ha publicado una Guía donde explica que el registro de la jornada puede hacerse mediante cualquier sistema o medio, en soporte papel o telemático quepermita almacenar esta información de manera fiable, inmodificable y no manipulable a posteriori. Para ello, los datos deben incluirse en un instrumento escrito, digital o mixto, que garantice su rastreo fidedigno e invariable.

En el supuesto de que el sistema de registro establecido mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa requiera el acceso a dispositivos digitales o el uso de sistemas de videovigilancia o geolocalización, deben respetarse en todo caso los derechos de los trabajadores a la intimidad previstos en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, que remite a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Un trabajador accediendo a su puesto de trabajo con huella dactilar
Colaboración en: www.amuraone.com
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